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Durante los últimos años se ha discutido ampliamente el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En medio de este debate, se han alzado voces sobre la inconveniencia de estos acuerdos y se ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una política de eliminación de los grupos armados a través de la violencia legítima del Estado.
De acuerdo con esto, el Estado colombiano está en la obligación de:
Según el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), “la Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia”.
La existencia de la Guardia Indígena está sustentada en:
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 46,3%. Entre estos, resulta significativo el número de vendedores ambulantes que ocupan el espacio público de las ciudades.
Según estos datos, el Estado colombiano debería:
Recientemente, un ciudadano colombiano elevó hasta la Corte Constitucional de Colombia una solicitud para aprobar la pena de muerte para violadores. Según los argumentos del demandante, impedir la pena de muerte lesiona la dignidad de las familias y víctimas, aumenta el hacinamiento en las cárceles, afectando, a su vez, la dignidad de los detenidos y, además, según citas de estudios científicos, es improbable que los violadores logren controlar sus impulsos.
De acuerdo con estos argumentos, es probable que la Corte Constitucional:
En los últimos años las protestas sociales se han expandido por todo el continente indistintamente de las posturas ideológicas de los gobiernos, las movilizaciones sociales han presentado por todos los territorios. Desde Los Estados Unidos (2020), pasando por Venezuela (2018), Colombia (2019-2020) hasta Chile (2020).
Esta situación ha logrado que la mayoría de los gobiernos hagan reformas que eviten un escenario más violento. En Colombia, el debate se abrió en relación a regular la protesta social, para que de esta manera los desmanes de los protestantes se puedan controlar más eficientemente. No obstante, esta postura de la rama ejecutiva y parte de la legislativa generó un choque con la judicial, quien por medio de la corte Suprema de Justicia recordó que el derecho a la protesta es un derecho progresivo, lo que no implica la protección a actos ilegales, pero sí, la garantía a la libre expresión, movilización y organización.
La postura de la corte en relación a que el derecho a la protesta es progresivo, significa entonces que:
Que Colombia sea un Estado social de derecho significa que:
Lea el enunciado y la pregunta y responda teniendo presente las diferentes opciones.
Una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. En donde viven no hay escuelas, carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervengan en esa comunidad.
En este caso se presenta un conflicto, ¿por qué?
Lea el enunciado y determine de acuerdo a la pregunta la respuesta que corresponde.
En vista de las dificultades para ofrecer educación de calidad a todos los pobladores de un municipio, el secretario de Educación local decretó que el número mínimo de estudiantes en el salón de clases debía pasar de 35 a 50 estudiantes. Según su opinión, la solución “es una situación gana-gana en la que más niños entran y los colegios reciben más dinero al aumentar la cantidad de estudiantes atendidos".
¿Cuál de los siguientes elementos se prioriza en la solución del Secretario de Educación?
En el año 2012 EMGESA, la mayor empresa productora de energía de Colombia, propuso la creación de ocho micro hidroeléctricas en el cauce del rio Sumapaz, proyecto que genera profundos debates entre los diferentes sectores que se verían afectados positiva o negativamente por el proyecto.
Contexto.
Colombia se perfila como uno de los países de la región con mayor potencialidad de energías limpias o renovables, dadas las características montañosas de su geografía y abundantes afluentes hídricos, lo que representa la oportunidad de producir ingentes cantidades de energía por medio de hidroeléctricas (condiciones evidentes en la región del Sumapaz).
Dicha región ha sido estigmatizada por décadas, dado que fue escenario del conflicto armado durante buena parte del siglo XX; no obstante, con la firma del acuerdo de paz, en el 2016, la situación sufrió ciertos cambios y la potencialidad ambiental y económica de la zona comenzó a llamar la atención del sector productivo.
En relación a la construcción de las hidroeléctricas en el Sumapaz ¿Qué efectos no deseados podría traer su construcción?
Lea el enunciado y la pregunta relacionada, posteriormente determine su respuesta.
“El Estado y la Iglesia deben estar separados”. ¿Cuál de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación anterior?
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