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En el 2016 el Estado colombiano firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, llegando así a el fin de un conflicto de más de cinco décadas entre estos dos actores. No obstante, dentro del acuerdo se llegó a la implementación de una justicia transicional, que, en la misma vía de otros conflictos como el sudafricano, el argentino o el yugoslavo los actores del conflicto se someten a una justicia específica, que solo aplica en tanto los actores se reconocen como combatientes. Dicha justicia transicional, para el caso colombiano, contempla penas alternativas a la privación de la libertad, lo que generó un intenso debate en el seno de la sociedad colombiana, pues para un sector considerable de la población la privación de la libertad constituye un inamovible frente a los delitos atroces cometidos durante la confrontación, mientras que para otro sector, también importante de la población, factores como los de la verdad y la reparación a las víctimas es aún más importante.
En este contexto, según lo expuesto anteriormente los principios en los que se basa cada una de las partes pueden exponerse así:
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