Un alcalde invirtió una gran suma de dinero

en el acondicionamiento de las instalaciones

de la Casa de la Cultura de su municipio

para personas en situación de discapacidad. Un sector de la población manifestó

su inconformidad con esta decisión, argumentando que solo un porcentaje mínimo

de los habitantes del municipio tienen algún

tipo de discapacidad, y, por ende, se debió

darle prioridad al aumento de la oferta

cultural, organizando más exposiciones,

conciertos, proyecciones y obras teatrales.

A la luz de la Constitución, la decisión del

alcalde: